¿Se debe pagar una deuda por basura de hace años?

Categoría de nivel principal o raíz: Educación Categoría: Educación nacional Publicado: Lunes, 09 Octubre 2017 Escrito por Comunicaciones SEF

La Municipalidad de Rancagua lleva varias semanas enviando cartas por derechos de aseo no cobrados hace varios años, cuasuando inquietud entre los habitantes de la comuna que han consultado en Consumidores Asociados si es que están obligados a pagar. La respuesta es clara respecto de pagar o no, sin embargo, en el manejo de la basura en Chile hay importantes matices que los consumidores y las autoridades responsables deben considerar.

Artículo preparado por Alejandro Pujá Campos,
Director del Servicio de Educación Financeira de Consumidores Asociados.
 
Para poner este tema en perspectiva, hay que partir señalando que el cobro de los llamados derechos de aseo se encuentra establecido en los artículos 7, 8 y 9 de la ley de rentas municipales y afecta a los predios o inmuebles cuyo valor sea superior a las 225 unidades tributarias mensuales.
El derecho de aseo se cobra junto a las contribuciones, en los casos de inmuebles que paguen este tributo; en las patentes comerciales, en los casos en que funcionan actividades comerciales en los inmuebles; o en un cobro directo, que hace el municipio al propietario de una vivienda.
 
Se trata de un cobro bastante impopular, que en caso de no pago obligaría al municipio a efectuar denuncias al respectivo juzgado de policía local, con los consiguientes efectos: multas, presidio nocturno, en caso de no pago de las multas y hasta acciones de apremio judicial, si el acreedor lo quisiese hacer, con embargo, retiro y subasta de bienes del deudor.
 
No obstante, no es común que los alcaldes, que deben su elección directamente a los vecinos, acostumbren a realizar acciones de cobranza, excepto el envío de cartas a los domicilios, informando de las deudas y ofreciendo alternativas de repactación.
 
Y es en este punto donde surgen las reacciones de los vecinos que no saben las consecuencias de los atrasos, sin perjuicio que algunos no pueden o no quieren pagar.
Si bien es cierto que el municipio está autorizado por ley a efectuar la recaudación de los derechos de aseo y otros tributos, las deudas generadas por estas obligaciones impagas no tienen un tratamiento privilegiado en relación a otras obligaciones que pueden tener las personas con otras instituciones públicas o privadas.
 
Tanto es así, que estas deudas también pueden declararse prescritas, si se cumplen los requisitos que la ley establece. Como hemos dicho en otros artículos y en términos sencillos, la prescripción es una forma de extinción de los derechos o las obligaciones, por el transcurso del tiempo, y por el hecho de no haberse ejercido tales derechos o exijido tales obligaciones por aquel que le correspondía.
 
Así, las deudas de los derechos de aseo se encuentran contempladas en un caso especial de prescripción, señalada en el artículo 2521 del Código Civil: Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos.
 
Por tanto, si han transcurrido tres años o más desde la fecha en que venció el pago de una cuota de derechos de aseo, de acuerdo a esta norma y a solicitud de parte, un tribunal debería declarar prescrita la obligación.
 
La declaración judicial de la prescripción de una deuda elimina la posibilidad de que el acreedor pueda continuar con cualquier tipo de acción para forzar al deudor a pagar. Es decir, no sólo se dará por terminado el juicio de cobranza en que se delcaró la prescripción, sino que también no se podrá embargar ni retirar, para remate en pública subasta, ningún bien actual o futuro del deudor.
 
El deudor sigue teniendo una deuda u obligación, llamada natural. Las deudas u obligaciones naturales son aquellas que no dan derecho al acreedor para exijir su pago pero que, no obstante ello, lo autorizan para recibir el pago si es que el deudor, voluntariamente, quiere hacerlo.
 
Antes de continuar con el desarrollo de este artículo, y sólo para cerrar el aspecto jurídico de estas deudas, es necesario decir que transcurridos los tres años, el acreedor puede intentar cobrar judicialmente a través de una acción ordinaria para la cual tiene dos años más. Esto, en realidad, es altamente improbable sea hecho por un acreedor, ya que ante deudas de bajo monto, los costos operativos de iniciar acciones de cobranza ordinaria son un desincentivo, aunque no las impiden totalmente, por lo que tampoco se debe descartar que un acreedor que no haya actuado dentro del mejor plazo y procedmiento que tenía, dentro de los tres primeros años, no lo haga posteriormente.
Llegado el punto en que no se puede a un vecino obligarlo a pagar los derechos de aseo, pues la acción está prescrita con todas las de la ley, quiero invitara vecinos y municipios a una reflexión mayor.
 
Y este punto es crucial en este tema, pues si bien es cierto que en el caso de los cobros extrajudiciales de la municipalidad de Rancagua y, seguramente, de decenas de otros municipios a lo largo del país, no se han activado acciones judiciales, los vecinos conscientes, responsables y solidarios debieran considerar que aunque no haya forma de obligarlos a pagar, el servicio de retiro de basura se realiza diariamente, manteniendo la higiene y salud públicas, y debe ser financiado de un modo u otro. Esta es una clara invitación a reflexionar sobre el deber ético de colaborar con el financiamiento del sistema de retiro de basura.
 
No obstante este llamado a solidarizar con la autoridad, también es necesario hacer otro a esa misma autoridad que en la mayoría de los casos no se ha propuesto mejorar el modelo de disposición de la basura. Así, habemos muchos que sostenemos una crítica postura a un sistema de retiro de basura que es caro e ineficiente.
 
Los municipios licitan públicamente los contratos para retirar la basura, cada cierto tiempo, proceso que en algunos casos de público conocimiento, ha estado afecto a deuncias de tráfico de influencias, manejo de información privilegiada, negociación incompatible y cohecho.
 
Sin perjuicio de lo anterior, las bases de la licitación sólo buscan un sistema de camiones que retiren la basura desde los domicilios y los disponga en un vertedero, sin hacer, en ningún momento, tratamiento alguno destinado a la separación de los distintos tipos de basura, su reciclaje, reutilización o biodegradación, según corresponda.
 
Se paga por tonelada de basura depositada en el vertedero lo que es un incentivo perverso, contrario a cualquier intento de reciclaje. De hecho, si se sorprende a un operador de basura, apartando cartones u otros materiales, es sancionado hasta con el despido.
 
Así, en Chile, tenemos un modelo caro, primitivo e ineficiente para manejar la basura domciliaria y eso hace más impopular también el cobro de los derechos de aseo.
Desde Consumidores Asociados, hacemos una propuesta a los municipios para que incorporen en las bases de las licitaciones de contratos para el retiro de basura, un puntaje especial a aquellas empresas que en sus propuestas ofrezcan el reciclaje, la biodegradación y otros mecanismos ecológicos y sustentables de destinación de los residuos, en al menos un porcentaje del 20% de la basura recolectada.
 
Una medida de ese tipo incentivará a las empresas postulantes a diseñar planes que incorporen la información y la educación al vecino en un proceso paulatino de incorporación de nuevos hábitos de selección y disposición domiciliaria y de tecnologías de tratamiento.
 
Después de todo lo expuesto, queda en cada uno asumir un compromiso por apoyar uno u otro modelo para la disposición de basura en su comuna. Espero que más pronto que tarde, el pago de los derechos de aseo deje de ser un tema que nos identifica como un país culturalmente subdesarrollado.
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