Seguros, ¿obligatorios o voluntarios?

Categoría de nivel principal o raíz: Educación Categoría: Educación nacional Publicado: Miércoles, 21 Septiembre 2016 Escrito por Alejandro Pujá

Índice del artículo

Durante décadas la industria de los seguros se las arregló para vender compulsivamente sus productos, aprovechando la ignorancia de los consumidores que creían que debían contratarlos obligatoriamente. Sin embargo, a pesar del tiempo, las campañas de las autoridades y la ley del consumidor, aún hay compatriotas que no saben que los seguros son de contratación esencialmente voluntaria.

Artículo preparado por Alejandro Pujá Campos,

Director del Servicio de Educación Financiera.

El seguro es un contrato a través del cual la empresa aseguradora se compromete a pagar una determinada cantidad de dinero o a otorgar determinadas prestaciones a los beneficiarios en la oportunidad que ocurra un evento de cuyas consecuencias el cliente contratante del seguro ha querido protegerse. Esta es una definición mía, didáctica, hay muchas otras más académicas en la Internet.

Los seguros tienen varias características que sería largo mencionar. Sólo para contextualizar, estimo importante señalar que el mercado asegurador es prolífico en la extensa gama de productos que ofrece. Otro aspecto importante es que el contratante de un seguro no necesariamente es el beneficiario. Si se trata del clásico seguro de desgravamen por causa de muerte, será habitualmente la familia o aquella persona que el contratante señale la que recibirá el monto asegurado pues el contratante no lo podrá percibir, ya estará muerto.

En fin, se pueden decir muchas cosas sobre los seguros, pero en esta ocasión, el enfoque se centra en dilucidar si la contratación de un seguro es un acto obligatorio. ¿Qué piensa usted?

Pues bien, para empezar a poner las cosas en su lugar, hay que decir que en Chile existe sólo un seguro de contratación obligatoria. Y no es un seguro de los típicos vinculados a productos bancarios o créditos comerciales. Se trata del Seguro Obligatorio de Accidentes Personales, SOAP, establecido en la ley 18.490, y cuya contratación es obligatoria para todo dueño de un vehículo antes de renovar el permiso de circulación, anualmente. Es obligatorio dado que es una ley la que ordena su contratación.

En este punto es importante que tenga presente que dentro de lo que se denomina la jerarquía normativa, las leyes de la república están es la parte superior de la escala normativa, es decir son normas superiores sólo superadas por las leyes de quórum calificado, las leyes orgánicas constitucionales y la propia constitución. En la parte inferior de la escala normativa se encuentran las resoluciones administrativas, los dictámenes, circulares, etc., de los órganos del Estado, como los ministerios, subsecretarías y las superintendencias, entre otros.

Esto resulta relevante pues si no hay ninguna otra ley que haga obligatoria la contratación de un seguro, nadie, bajo ninguna circunstancia, podría legítimamente hacernos contratar un seguro que no queramos.

Al contrario, la ley del consumidor establece en el primer lugar de los derechos fundamentales de los consumidores el derecho a la libre elección de un bien o servicio, prohibiendo expresamente condicionar el acceso a un producto o servicio a la contratación o compra de otro. Esta práctica es conocida como venta atada o venta paquetizada, dependiendo del mercado.

Así, si usted desea tomar un crédito de consumo puede perfectamente rechazar la contratación de cualquier seguro y esta negativa no puede ser causal para que el proveedor le niegue el crédito, en la medida que usted cumpla con los requisitos objetivos previamente informados.


Sin embargo, cuando se trata de los créditos hipotecarios, aquellos destinados a financiar la compra de un inmueble en que el mismo inmueble u otro queda hipotecado o en garantía en favor del banco, se sigue incorporando en forma inconsulta, compulsiva y obligadamente seguros como el de desgravamen, incendio e inclusive uno de sismos o terremoto.

Esta conducta se encontraría “autorizada” por resoluciones administrativas de las superintendencias de Bancos y la de Valores y Seguros, inspiradas, presuntamente, en procurar el bienestar de los contratantes, cuestión que es un objetivo razonable, pero que vulnera la ley del consumidor.

Estas autorizaciones son contrarias a lo establecido en la ley del consumidor que aborrece aquellas conductas que vulneran, limitan o privan a los consumidores de su derecho a la libre elección, por mucho que el interés de las superintendencias sea proteger, paternalistamente, a quienes contratan créditos hipotecarios.

No se trata de estar en contra de la libre, voluntaria e informada contratación de un seguro, especialmente cuando se trata de operaciones que envuelven ciertos riesgos como la adquisición de una vivienda o un vehículo nuevo.

Se trata que las personas deben tomar esa decisión por sí mismos y no impuesta por el banco o una autoridad administrativa, por muy bien inspirada que esté.

Además, en ciertos casos, podríamos objetar algunas disposiciones de estos contratos, como en el caso de que el seguro lo paga el cliente mientras que el único beneficiario es el banco el que además tiene una hipoteca a su favor. Hay inmuebles cuyo valor garantizan perfectamente el crédito por lo que la existencia de un seguro, que además debe pagar el cliente, podría estar demás. Si el banco es el único beneficiado, lo lógico sería que esa misma institución pagase la prima del seguro.

Se podrían decir más cuestiones sobre los seguros, las que dejaremos para otras intervenciones. En esta ocasión, el mensaje es que en Chile hay un solo seguro obligatorio por ley, el SOAP, y ningún vendedor, banco, casa comercial ni órgano del Estado se encuentra autorizado para exigirle contrate cualquier seguro que usted en forma libre, voluntaria e informadamente no desee contratar.

Visto: 3610

Nosotros

Sitios recomendados