Corte de Santiago acoge acción de protección por publicación ilegal de morosidad

Categoría de nivel principal o raíz: Biblioteca Digital Categoría: Jurisprudencia Publicado: Domingo, 18 Diciembre 2016 Escrito por Comunicaciones SEF

Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo del 16 de diciembre de 2016, acogió acción constitucional de protección por la publicación de una deuda que tenía más de cinco años de morosidad, infringiendo el derecho a la honra y la privacidad del recurrente, así como una disposición expresa de la ley de Protección de Datos de Carácter Personal.

La Duodécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en causa rol 19218-16, presidida por el Ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el Ministro señor Fernando Carreño Ortega y la Ministra señora Patricia Liliana González, estimó que se vulnera el derecho a la honra del recurrente, al publicar una deuda de más de cinco años de antigüedad, infringiéndose lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 19.628, significando la improcedencia de la publicidad.

Así, la sentencia de la Corte ratifica la doctrina en el sentido que corresponde acoger el recurso de protección interpuesto por la inclusión de una acreencia de más de cinco años de antigüedad en el sistema de información de la recurrida, lo que le infringe una lesión a sus derechos fundamentales. Esto, dado que la actuación de la empresa de cobranza recurrida es ilegal, vulnerándose el derecho a la honra del recurrente, en su aspecto objetivo, desde que colocó en un sitio, al cual puede acceder cualquier persona, información que forma parte de su vida privada y que de acuerdo al artículo 18 de la Ley N° 19.628, era improcedente su publicidad, por el hecho de haber transcurrido cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

Asimismo, se determinó que el Banco Santander, uno de los recurridos, no ha tenido participación alguna en las actividades denunciadas, sin que tenga incumbencia en aquellos. Esto, dado que suscribió escritura pública de cesión de créditos en favor de un fondo de inversión privado, dentro de los cuales aparece el crédito que tenía contra el recurrente; por lo que el banco no tiene relación alguna con la publicación que se reclama, pues ya no es acreedora del recurrente, ni tiene vinculación ni conocimiento de la existencia de la página web a que se hace referencia, ni menos participación directa o indirecta en aquella.


Doña Susana Fernández Mardones y don Pedro Delgado Delgado, interpusieron un recurso de protección en favor de RICARDO ANDRÉS RETAMAL ORTIZ, todos domiciliados en calle Bombero Ossa N° 1010, oficina 1026, comuna de Santiago y en contra del BANCO SANTANDER CHILE, del giro de su denominación, representada por don Claudio Melandri Hinojosa, domiciliado en calle Bandera N° 140, piso 13, Santiago; de RECSA S.A., empresa de cobranza, representada por Nicolás Agosdin F., y de ARMONY CHILE, de la cual ignoran su representante legal, ambas domiciliadas en calle Huérfanos N° 1.160, Galería Alessandri, Locales 11 y 12, comuna de Santiago. 

El recurrente Retamal Ortíz aduce que el 13 de noviembre del 2016, al revisar la página web que pertenece a la empresa Armony Chile e ingresar el número de su cédula de identidad, aparece información sobre una supuesta deuda que el recurrente mantendría con el Banco Santander Chile por la suma de $14.301.893. Manifiesta que hace más de cinco años que no mantiene relación comercial con el Banco Santander, por lo que las supuestas obligaciones impagas que aparecen informadas se encuentran caducas. Expresa que los actos denunciados son ilegales y arbitrarios toda vez que la obligación que pública Armony Chile corresponde a un dato personal, que ha sido publicado sin el consentimiento del titular y, además, se trata de un dato caduco, por lo que corresponde su eliminación. Puntualiza que el artículo 18, inciso primero, de la Ley N° 19.628, estatuye la prohibición absoluta de publicar datos de obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial, cuando se relaciona con una persona identificada o identificable, luego de transcurridos cinco años desde que la respectiva obligación se hizo exigible.

La situación expuesta, agrega, vulnera las garantías constitucionales del recurrente contenidas en los numerales 24° y 4° del artículo 19° de la Constitución Política de la República; toda vez que se informa una deuda sin sujeción a la normativa vigente. Solicita que se acoja el presente recurso de protección y se ordene a las recurridas dejar de informar la deuda contraída con el Banco Santander, en la base de datos publicadas en la página web Armony Chile y a la recurrida Banco Santander Chile que se abstenga de solicitar que se informe dicha acreencia por la empresa de cobranza y, por último, mantener una base de datos sin cumplir con la Ley N° 19.628, con costas.


La defensa del Banco Santander

El Banco Santander Chile señaló que el recurso debía ser rechazado por no ser efectivo el fundamento fáctico básico en que se sostiene y que, por lo demás, el recurso ejercido no constituye la vía idónea para exigir el cumplimiento de la Ley N° 19.628.

En su defensa explica que el nueve de marzo de 2007 se suscribió escritura pública de cesión de créditos en favor del Fondo de Inversión Privado Préstamos Activos, dentro de los cuales aparece el crédito que tenía contra el recurrente; por lo que el Banco Santander Chile no tiene relación alguna con la publicación que se reclama, pues no es acreedora del recurrente, ni tiene vinculación ni conocimiento de la existencia de la página web a que se hace referencia, ni menos participación directa o indirecta en aquella.

Por otra parte, Banco Santander señala que la acción es improcedente toda vez que no es la vía para reclamar por el incumplimiento de la Ley N° 19.628, la que estatuye la forma de hacerlo y las medidas que puede adoptar el juez competente para poner término a sus infracciones. Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso a su respecto, con costas.

Las defensas de RECSA Limitada y Armony Chile

Por su parte, las empresas de cobranza RECSA LIMITADA y ARMONY SPA, en su informe de rigor, refieren que el Banco Santander celebró un contrato de cesión de créditos con el Fondo de Inversión Privado Préstamos Activos el 9 de marzo de 2007, los que fueron cedidos a la empresa Recaudadora S.A., el 15 de diciembre de 2014. Dentro de aquello aparece el crédito del recurrente, que a la fecha no había sido pagado ni se había publicado en el Boletín Comercial. RECSA señala que las gestiones de cobranza de los créditos adquiridos fueron encomendadas el 1 de marzo del presente año a la Sociedad Inversiones y Gestión de Activos Armony SpA, quien ha realizado todas las gestiones de cobranza dentro de lo dispuesto por la Ley N° 19.496 y la Ley N° 19.628.

Asimismo, señalaron que el recurso interpuesto no cumple con los requisitos dispuestos por la Constitución Política de la República, dado que no existe vulneración a garantía constitucional alguna y, además, porque esta acción excede la naturaleza y objeto de la acción constitucional, ya que lo que se pretende es que RECSA Ltda., deje de realizar gestiones de cobranza asociadas a los créditos que a la fecha aún estaba en mora, lo que no se condice con la finalidad de una acción de protección.


La Corte de Santiago razonó que para que pueda acogerse el recurso de protección, debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal y que signifique privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte precisamente el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución y el restablecimiento del imperio del derecho.

Luego, en cuanto a las alegaciones de las empresas recurridas, en orden a que no es objeto del presente recurso pronunciarse sobre una materia que está entregada a otros medios procesales dispuesto en la Ley N° 19.628, conforme al artículo 20 del texto constitucional, queda claramente establecido que cualquier persona puede hacer uso de esta vía cautelar, sin perjuicio de otros medios que le franquee la ley, cuando por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en la Carta Fundamental.

Yendo al fondo de la acción constitucional de protección interpuesta por Ricardo Retamal, lo que reclama el recurrente es la inclusión de una acreencia de más de cinco años de antigüedad en el sistema de información de Armony SPA, lo que le infringe una lesión a sus derechos fundamentales. En este orden de ideas y atendido los documentos acompañados por el Banco Santander Chile, especialmente la escritura de cesión de derechos suscrita el 9 de marzo de 2007, al Fondo de Inversión Privado Préstamos Activos, dentro de los cuales aparece el señalado por el recurrente, los que actualmente son administrados por RECSA S.A.; aparece que el Banco Santander no ha tenido participación alguna en los actividades denunciadas, sin que tenga incumbencia en aquellos.

Por consiguiente, la actuación de las empresas recurridas RECSA S.A. y ARMONY SPA, al publicar una deuda de más de cinco años de antigüedad es ilegal, porque vulnera el derecho a la honra del recurrente, en su aspecto objetivo desde que colocó en un sitio al cual puede acceder cualquier persona información que forma parte de su vida privada y que de acuerdo al artículo 18 de la Ley N° 19.628, era improcedente su publicidad. 

Por los fundamentos referidos, y lo previsto en los artículos 19 N° 2 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, de 24 de junio de 1992, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de  protección deducido por Ricardo Andrés Retamal respecto de las empresas RECSA S.A. y ARMONY SpA y ordenó que se deje de informar la deuda que el recurrente mantiene con el Banco Santander en la base de datos publicada en la página Web de Armony Chile. En relación a la actuación y defensas del Banco Santander Chile, se rechazó el recurso a su respecto.

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